A estas alturas del encrespado debate sobre los límites máximos de captura, o cuotas individuales, establecidos mediante DL 1084, se han establecido algunas conclusiones:

a) Que el llamado desorden pesquero: más embarcaciones y bodegas que lo que la biomasa puede soportar; lucha a muerte por pescar la mayor cantidad en el menor tiempo posible; constante violación de las normas y pesca ilegal; es un producto combinado de indolencia y corrupción de varios gobiernos; afán de las grandes empresas que han ido ingresando a la pesca por recuperar sus inversiones y apropiarse del negocio; esfuerzo de pequeños y medianos por no ser desplazados. Esta situación, sin embargo, ha sido reducida de manera simplista a una historia de vikingos (barcos pequeños de madera), que serían imposibles de controlar.

b) Que el Estado, a través del Ministerio de Pesquería y Produce ha ido legalizando el crecimiento de la capacidad instalada en los barcos y empresas harineras, y en particular ha permitido crecer a las empresas ligadas a la Sociedad Nacional de Pesquería que actualmente disponen del 55% de la capacidad de bodega y alrededor del 70% de la capacidad harinera. Si este grupo actuara sólo en el sector, habría de todas maneras exceso de barcos y plantas. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Ni el ministro Rey ni el Grupo Apoyo lo explican, pero sí hacen suyo su demanda para distribuir la pesca industrial en cuotas fijas y eliminar la competencia.

c) Que el principio del DL 1084, no es acabar con el desorden y la ilegalidad, a través de un mejor y más honesto control de la actividad. Por el contrario lo que se busca es feudalizar el mar instaurando derechos a los que ya están en el negocio, orientando a los que buscan entrar o crecer, a comprar a los demás. Es un planteamiento que apunta a la mayor concentración de propiedad en el sector.

d) Que el ministro de la Producción, Rafael Rey, no ha tomado en cuenta la opinión de la mayor parte de organizaciones empresariales y laborales de la pesca, y como si se tratara de personas que desconocen el sector al que han dedicado su vida, los hizo escuchar las sabias propuestas de Apoyo Consultoría S.A., a la que se le había solicitado un estudio de alternativas para el ordenamiento pesquero y un plan de compensaciones para los trabajadores que saldrán del sector. Este estudio también fue entregado al Congreso, como el súmmum del saber pesquero.

e) Que a pesar de la importancia otorgada al estudio de Apoyo, el ministro ha mantenido silencio respecto a la pregunta: ¿quién lo contrató y financió?, arguyendo increíblemente que no le interesa saberlo, lo que equivale a impedir que los demás sepan lo que él sí sabe. Contradictoriamente el estudio se presenta como hecho a solicitud de Produce, cosa que no ha sido desmentida, y en el ministerio no existen registros de la existencia de alguna decisión oficial para su elaboración, que debería haber aún en el caso que una empresa privada hubiese querido donar los recursos para su contratación.

f) Que investigaciones periodísticas han descubierto los lazos entre Apoyo Consultoría y la empresa pesquera Austral, una de las principales del sector, a través del señor Gianfranco Castagnola, que es a la vez gerente general y cabeza de la consultora, y miembro del directorio de una de las empresas pesqueras que van a verse beneficiadas si se aplica el sistema de cuotas individuales por embarcación. Por lo tanto no es verdad que los autores del estudio hayan sido un grupo independiente y sin intereses en el sector, como argumentó el ministro.

g) Que, adicionalmente, se estaría vulnerando la garantía de control que debe ofrecer la entidad encargada de hacer la auditoría del funcionamiento del nuevo sistema, en tanto el ministro ya anunció -también como otro hecho consumado-, un contrato con la Universidad del Pacífico, estrechamente relacionada con el Grupo Apoyo (el presidente de Apoyo es rector con licencia de la universidad), y en cuyo cuadro de promotores vuelve a aparecer el nombre del señor Castagnola, que de esta manera reúne en su persona la condición de consultor, auditor, financista y beneficiario.

h) Que informaciones de diversas fuentes indican que Castagnola ha sido la persona que ha intermediado para el contrato entre Produce y las empresas pesqueras que pagaron el estudio, y el mismo que habría negociado el convenio entre el ministerio y la universidad. De comprobarse esta versión estaríamos ante un grosero caso de conflicto de intereses y negociación incompatible que debería ser materia de investigación por el Congreso y el Ministerio Público; lo que a su vez compromete la posición del ministro Rey que se ha jugado a favorecer un “ordenamiento” que beneficia a muy pocos, en desmedro de la amplia mayoría del sector pesquero.

El señor Castagnola superó a la santa trinidad. Como lo demostramos hace unos días es el gerente general de la consultora dizque “independiente” (Apoyo Consultoría) que realizó el estudio para fundamentar los límites máximos de captura de anchoveta por embarcación y el plan de reestructuración laboral para reducir el número de trabajadores. Pero, al mismo tiempo, es director de la empresa pesquera Austral que abiertamente defendía la necesidad de optar por el sistema de cuotas individuales, en los términos que fueron luego planteados en la consultoría y recogidos en lo sustancial por el DL 1084.

Ahí no se queda, sin embargo. Nuevas evidencias estarían a punto de confirmar que las misteriosas empresas que financiaron el estudio de Apoyo, cuyos nombres el ministro no quería que le informen, serían TASA (Grupo Brescia) y Austral, las dos líderes en producción durante el año 2007, y que el gestor a cargo de la obtención del financiamiento (corren apuestas para saber el monto), fue el ubicuo Castagnola. O sea que recurrió a su propia empresa y a su principal competidor, con el que se van a repartir las más suculentas cuotas, para que involucren una consultora de prestigio como aval a sus propuestas.

Y, si faltaba algo, habría que recordar que el ministro Rey dio una garantía de transparencia, afirmando que: “…todos estos números, todos los límites máximos, todas las fórmulas, todos los cálculos y toda la data que se va a usar la va a auditar la Universidad del Pacífico mediante un convenio que ya hemos firmado con ellos…” (entrevista en Panorama, 27 de julio). O sea otra entidad independiente para controlar un sistema lanzado desde el Estado, que se supone debe ser neutral. Pero el máximo directivo y fundador del Grupo Apoyo, Felipe Ortiz de Zevallos, es el rector con licencia de esa Universidad (se fue de embajador a EEUU, por lo del TLC), el señor Alfredo Torres de IPSOS Apoyo (encuestadora) es profesor principal, y el señor Gonzalo Zegarra Mulanovich, editor gerente de Apoyo Publicaciones y director de la revista Semana Económica, es miembro del Consejo Consultivo de la misma universidad.

Pero, lo más importante, el señor Gianfranco Castagnola es uno de los integrantes del Grupo Promotor de la Universidad del Pacífico, aparte de sus otras colocaciones; y la señora María Jesús Hume, con la que comparte el directorio de Austral Group, es también integrante del Consejo Consultivo de esa casa de estudios superiores. El círculo, pues, está cerrado por todos lados: consultor, asesor del ministro, empresario de la gran pesca, gestor de financiamiento y encima auditor. ¿No sabe el señor Rey de este increíble conflicto de intereses?, ¿alguien duda que el ministro mintió ante el Congreso, la opinión pública, y los trabajadores y empresarios de la pesca?

Nuevos datos
Las funciones cumplidas por Castagnola en la Universidad del Pacífico no serían tan inocentes. Fuentes consultadas indican que habría tenido parte en la suscripción del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de la Producción (PRODUCE) y el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), para facilitar la implementación del Decreto Legislativo Nº 1084, algo similar a su intervención para el contrato con Apoyo Consultoría.

La Universidad, que sin duda tiene un prestigio bien ganado, que no se discute, está incursa en una situación problemática. De ella se espera nada menos que la certeza en la aplicación de las cuotas, la evaluación de la data básica y el trabajo con las fórmulas elaboradas por Apoyo. Pero en su centro de decisión hay demasiados gatos cerca de la despensa. Lo que aumenta la sospecha de que este proceso ha sido digitado para que tenga ganadores preestablecidos.

En lo relacionado al sector de la pesca se estaría preparando la emisión de la normatividad para la aplicación de las Cuotas Individuales de Pesca, pero para disfrazar estas acción, como ya es costumbre, le cambian el nombre por el de reordenamiento pesquero, ordenamiento de capacidad de bodegas u otro que se les ocurra, pero lo real es que se busca privatizar los recursos pesqueros del Mar Peruano entregándolo a grupos monopólicos trasnacionales que desde hace tiempo operan en nuestro mar con la anuencia de las autoridades del sector que tienen en sus puestos mas de dos gobiernos.

Se hace necesario un reordenamiento del sector pesquero industrial en nuestro país para preservar el recurso anchoveta pero el sistema de Cuotas Individuales de Pesca no ayuda en nada a este reordenamiento. Si las autoridades del Sector del Ministerio de la Producción realmente quieren reordenar el sector pesca lo primero que deberían de hacer es exigir y disponer que las embarcaciones que se construyeron con licencia para pescar Jurel y Caballa y que de manera inexplicable hoy se encuentran pescando Anchoveta con naves de hasta 1,000 toneladas de capacidad de Bodega, haciendo que la Flota anchovetera tenga cerca de 1,500 embarcaciones, regresen a la pesca para la cual se construyeron, es decir a la pesca de Jurel y Caballa.

La Flota ideal para la pesca de Anchoveta según los entendidos es de 500 embarcaciones, que precisamente fueron las transferidas de Pesca Perú al sector privado, con capacidad de Bodega promedio que no supere las 250 toneladas, por lo que es en ese sentido que debe de apuntar un verdadero reordenamiento del sector pesquero en nuestro país.

El sistema de asignación de Cuotas Individuales de Pesca por embarcación es tremendamente desfavorable a las embarcaciones pequeñas, originando que con la cuota asignada no puedan cubrir sus costos operativos, por lo que los dueños de estas embarcaciones estarían condenados a la quiebra dejando sin puestos de trabajo a 10 mil pescadores en todo el litoral y si sumamos a sus familias serian 40 mil personas que quedarían sin sustento económico y los dueños del recurso anchoveta serian un pequeño grupo de trasnacionales que alientan la aplicación del sistema de Cuotas Individuales de Pesca, que bajo el pretexto de reordenamiento desde hace años atrás viene siendo promovido por las autoridades del sector.

El Perú por tener el mar mas rico del mundo esta llamado a ser un país pesquero de primer orden y no solo un país Harinero como lo es en la actualidad, las Cuotas Individuales de Pesca ya se aplicaron a la Merluza y hoy la Merluza casi a desaparecido de ello pueden dar Fe los pescadores de Paita.

Todos los especialistas indican que se necesita de 3 veces el Mar de Grau para atender a las 1,500 embarcaciones de la flota industrial, entonces el problema no es de cuotas sino de reducir la flota industrial haciendo que regresen a la pesquería para la cual fueron construidas o reconvirtiéndolas para otro tipo de pesca.

Síntesis histórica del proceso industrial pesquero

Del bonito, el hígado del bacalao, al boom de las conservas
La industrialización de la pesquería en el Perú, se sustentó como una exigencia coyuntural de la II Guerra Mundial –no como una respuesta del Estado peruano, en torno a un objetivo nacional, que procurase la alimentación popular– fueron los Estados Unidos de América en 1941, quienes demandaron la industrialización del hígado de bacalao y bonito, para mejorar las condiciones alimentarias de sus tropas en guerra; con la misma finalidad requirieron las conservas de pescado, instalándose en 1939, en el Perú la primera planta de procesamiento de conservas, sumando doce al finalizar el conflicto.

Durante la post-guerra y debido a la abundancia de recursos pesqueros, la calidad de las conservas y el desarrollo de mercados, se produce el primer boom de la conservería peruana y estallado el conflicto de Corea en 1957 se producirían 24 mil TM de conservas. En 1958 debido a la gran competencia de países productores, tales como Japón y EEUU y al arancel de 40% impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos a las conservas, de 69 fábricas conserveras existentes al finalizar la década de los 50, solo quedarían 10 fábricas en funcionamiento.

Del bonito al boom de la anchoveta y la harina de pescado
Histórica y ancestralmente, la riqueza pesquera en el Perú, se empleó directamente para la alimentación humana. No obstante, a partir de 1957, se observa una sorprendente expansión de la industria reductora, caso único y sin precedentes en la historia de las pesquerías, de 58 mil TM de anchovetas extraídas, se alcanzarían los impresionantes volúmenes de 12´277 y 10 millones 277 mil TM en los años 1970 y 1971 respectivamente. Luego de este periodo de relativa bonanza, sobrevendría la crisis y el colapso casi total de esta pesquería, debido al sobredimensionamiento y la depredación de las especies y a la ausencia de una visión industrial a largo plazo de pesca sostenida y responsable, por parte de un Estado incapaz de generar mecanismos regulatorios a la explotación de un recurso natural renovable y aleatorio, veamos porque:

En 1960, se produce por razones de exceso de oferta, la caída de los precios de la harina de pescado de US$100 a 52 por TM.

Durante 1963 y 1972, la sobre-explotación de la anchoveta y el Niño, produjeron una drástica reducción en los volúmenes de captura y el primer gran colapso de su pesquería, hechos que motivaron, la ley de Re-estructuración tributaria en 1964 y la crisis de la industria que concluyera, "con la estatización de la industria en 1973", la venta de las mejores embarcaciones de pesca y fábricas a Chile, Ecuador, Sudáfrica, etc.

Los elevados impuestos ciegos ad valorem y canon pesquero -25% en total, sin una visión clara de un Estado regulador, contribuyeron a la depredación de las especies y a un acelerado deterioro de la industria.

Finalmente la estatización de la industria de harina y aceite de pescado, el 7 de mayo de 1973, no llegó a definir los objetivos nacionales de desarrollo de las pesquerías en el Perú.

El Niño y el boom N° 2 de las conservas
El fenómeno El Niño y su impacto en el ecosistema genera el efecto del reemplazamiento de especies, colapsa la anchoveta y se produce un incremento sustantivo de la sardina en el mar peruano, lo inverso sucedió en Sudáfrica, principal abastecedor de conservas de los mercados europeos. Hecho que genera en 1977 inversiones de US$. 100 millones en el Perú, convirtiéndolo en el primer productor de conservas a nivel mundial, Sudáfrica requería el 50% de las exportaciones de conservas para cumplir sus compromisos, pero al reaparecer la sardina en sus mares, éstas se suspenden provocando la segunda gran crisis de la Industria conservera peruana en el año 1983, la misma que se prolonga hasta la fecha.

El resurgimiento de la industria de harina de pescado
Desde 1984 y pese a competir con Pesca Perú, empresa del Estado, el sector privado, empieza una segunda etapa, la misma que se consolida a partir de la década de los 90, debido al libre acceso a esta pesquería; de 1991 al año 2000, se han extraído del mar peruano 78´ millones 640 mil TMP y en el presente año 2001. No obstante ello y de ocurrir un niño, la industria de nuevo se encontraría en el umbral del colapso, por las siguientes razones:

El recurso anchoveta se encuentra en situación de plenamente explotado, su extracción anual, supera el 80% de su biomasa total.

La población de aves de mar, alcanza un ridículo 5%, de las que había hace 45 años.

Especies como la sardina, merluza y bonito están colapsados.
La capacidad de la flota que tiene acceso a la anchoveta es de 250,000 M3, superior en un 60/70 % respecto a la biomasa promedio y proyectada en términos de conservación del recurso.

La capacidad de procesamiento de harina y aceite está sobredimensionada al doble de lo requerido, el proceso de harinas FAQ y en muchos casos no acondicionadas tecnológicamente, representa aproximadamente el 50% del total.

Según la comisión especial encargada de evaluar la situación financiera del sector pesquero, estima una deuda estructural de US$ 1,300 millones, lo cual genera presión de los bancos sobre el recurso.

Falacias: cifras y planes pesqueros de últimos gobiernos
Si la democracia es participativa, equitativa y de justicia social, la distribución igualitaria de los recursos debe comenzar por los más pobres y la riqueza del mar peruano, debe servir de despensa alimentaria de los que nada tienen; concretamente desde la creación del ministerio de Pesquería en 1970, muchos "ilustres peruanos" se han dedicado a administrar un sector dedicado en forma casi exclusiva a la explotación de anchoveta y sardina (ambas representan el 92% de la extracción pesquera nacional) y su reducción en harina y aceite de pescado para alimentación de bestias y animales.

No obstante, al asumir el nuevo gobierno de 1990, prometió a la nación el siguiente plan pesquero:

1. Desarrollar la pesquería nacional de manera compatible con la explotación racional de los recursos hidrobiológicos.
   
2. Revisar las normas referidas al sector de acuerdo a los objetivos nacionales.
   
3. Promover la pesca de consumo humano directo, para ayudar a solucionar el problema alimentario del país.
   
4. Favorecer la reconstrucción de una flota pesquera nacional, basada en embarcaciones medianas para la pesca artesanal.
   
5. Revisar los contratos con extranjeros para la pesca de altura.
   
6. Mejorar la infraestructura, de desembarque, de frío y de comercialización.
   
7. Establecer programas de capacitación y formación e incentivar la acuicultura de ríos, lagos y el mar para incrementar el empleo, las exportaciones y la alimentación.

• La pesquería, es fuente permanente de alimentación para la población, estimando duplicar al concluir el mandato el consumo per cápita de 16 kgs./año, a través de los programas de alimentación popular (comedores populares, programas escolares, PRONAA, FONCODES Y OTROS)
  
• Que, la cultura de nutrición deberá ir íntimamente articulada con los programas educativos en todos sus niveles y que el crecimiento de la demanda interna, se acompañará con la gradual implementación de infraestructura de desembarque, frío, terminales, mejoramiento de sistemas de comercialización etc., etc.
  
• Que, la capacidad de la flota, con acceso al recurso anchoveta es de 178,526m3, constituyendo un 50% de exceso de la biomasa disponible.
  
• Que el endeudamiento, según conclusiones de la comisión especial encargada de evaluar la situación financiera del sector pesquero, se estima en US$ 1,300 millones.

• Disponer mediante ley expresa, la reinstalación del ministerio de la Pesca y la Alimentación.
  
• Disponer la dación de una nueva ley de pesca y acuicultura, que propicie el ordenamiento de las pesquerías y los incentivos para la acuicultura, de manera especial la de zonas alto andina.
  
• Establecer en base a una ley específica, que: "La promoción de la seguridad alimentaria", como política de Estado del Acuerdo Nacional (15º), sea incorporada en los planes nacionales, regionales y locales de desarrollo, y para lo cual se crearán los Consejos: nacional, regional y local para la seguridad alimentaria; estableciéndose la coherencia necesaria entre las políticas macroeconómicas, de corto, mediano y largo plazo, las políticas sociales y el rol del Estado como facilitador de la acción civil.
  
• Poner en marcha el programa "Omega 3, para niños sanos e inteligentes del milenio".
  
• Disponer la concesión de "20 estaciones pesqueras y centros piscícolas del Estado", con el fin de reactivar la capacidad productiva ociosa e incrementar la producción de alevinos de especies hidrobiológicas tales como trucha y pejerrey en la Sierra, paco y gamitana y el paiche en la Selva, para el abastecimiento de las piscigranjas particulares y comunales.
  
• Establecer en la nueva ley de pesca y acuicultura, una política de incentivos y exoneraciones a la importación de maquinaria, equipos, semillas genéticas, vacunas y otros para uso exclusivo de las actividades acuícola.
  
• Reactivación de los desembarcaderos pesquero artesanales, mejorando y ampliando su infraestructura y dotándolos de cámaras de conservación y fábricas de hielo, convirtiéndolos en "centros de producción pesquera".
  
• Disponer la creación de un fondo de "Promoción para la modernización de la actividad pesquera artesanal", denominado PROMAPA-PERU, que se constituiría, con fondos de la cooperación internacional y el 50% de los ingresos, por infracciones pesqueras.
  
• Convertir a la pesca artesanal y a la acuicultura, a través de la creación de puestos de primera venta, en el soporte de la equidad comercial, su modernización y de la seguridad alimentaria.
  
• Crear a través de los gobiernos regionales y locales y en alianza estratégica con el sector privado, los comerciantes de especies hidrobiológicos, "la red de terminales regionales de pescado y las pescaderías populares", higiénicamente acondicionadas, con cámaras de conservación y producción de hielo, en los locales de propiedad municipal, debiendo convenirse previamente, la transferencia de la propiedad a los operadores pesqueros.

El desarrollo de una cultura acuícola, definirá el gran eje estratégico para asegurar nuestro futuro alimentario y económico, el IMARPE y el nuevo ministerio de la Pesca y la Alimentación, facilitarán la ciencia y la tecnología y el marco normativo apropiado, acerca de la reproducción y abastecimientos de semillas de calidad, la mejora genética, alimentación y nutrición, prevención y control de enfermedades, metodologías productivas etc., en coordinación con los responsables de los espacios regionales, se elaboran las cartas catastrales marítimas y continentales, se determinaran las ventajas ambientales, los reglamentos e incentivos simplificados para la inversión privada descentralizada.

Conclusiones
¿Por qué es urgente e impostergable una nueva ley de pesca y acuicultura, el ordenamiento pesquero, la pesca sostenible, la investigación científica, biotecnológica y prospectiva, en la administración de las pesquerías en el Perú?

Primero.- Porque a lo largo de tiempos inmemoriales, la riqueza del mar peruano, constituyó una inmensa y generosa despensa alimentaria, no solo de seres humanos, sino también de millones de aves y de otras especies, que cohabitaban en puntas, islas y lomas del litoral configurando un paisaje o ecosistema de ensueño y esperanza, siendo el ordenamiento costero y las áreas marítimas protegidas un horizonte social y económico de gran potencial para el desarrollo sustentable del turismo paisajístico y de avistamiento de aves. Además porque las aves del litoral, con su excremento – guano de islas – se sustentó durante muchos años la economía de la república, provocando inclusive la infausta guerra del Pacífico en 1879.

Segundo.- Porque 65 años de proceso industrial de la pesca en el Perú, iniciado en 1939, con el hígado y la conserva de bonito, para mejorar las condiciones alimentarias de las tropas de EEUU, durante la II Guerra Mundial y luego el boom de la harina de pescado de anchoveta a partir de 1960; que en el lapso de 41 años ha logrado extraer del mar peruano 300 millones de TM de anchoveta, sardina y jurel en menor escala; nos han demostrado el fracaso de un modelo exportador de materias primas, como la harina de pescado empleada para alimentar animales o bestias en vez de seres humanos.

Tercero.- ¿Qué sentido tiene, para los peruanos que padecen hambre, mantener un ministerio de la Producción, que sólo ha servido para legalizar irracionalmente la extracción de dos especies, la anchoveta y la sardina, en un rito salvaje de "huaqueros de mar"? En tanto la alimentación de este pueblo, siempre fue un rotundo fracaso.

Cuarto.- Solo la investigación científica, biotecnológica y prospectiva, que facilite el ordenamiento de cada una de las pesquerías, la pesca sostenible y responsable, la gestión estratégica del medio ambiente, serán capaces de impulsar un modelo de desarrollo pesquero, digno del primer país pesquero del planeta, que busque de reconversión industrial de las pesquerías, el aprovechamiento de las especies sub explotadas, las actividades en alta mar; que tenga como soporte la alimentación humana y el mayor valor agregado para obtener mas divisas, a través de industrias alimentarias para el consumo humano directo, la acuicultura, las conservas de anchoveta y de otras especies, de pescado fresco en apoyo al pescador artesanal y a través del gasto social productivo de los mercados sociales. Que es posible, en alianza estratégica con la FAO, procurar proteínas provenientes del mar, en múltiples formas para alimentar a millones de seres humanos del planeta, que padecen y mueren de hambre.

Por último y aunque suene redundante, ¿qué sentido tiene seguir exportando materia prima para alimento de bestias o animales, depredando hasta el colapso como Atila, la anchoveta, la sardina y el jurel, las aves guaneras, contaminando el mar, hasta destruir el paisaje en su totalidad? Cuando el nuevo papel del Estado y los agentes económicos en transparente alianza estratégica, debería estar encaminada a la búsqueda de mayor valor agregado, articular nuestro mercado interno y regional y, sobre todo, procurar proteínas baratas a un 54% de peruanos, azotados por el hambre, la pobreza y el desempleo.

El Capitulo de Ingeniería Pesquera del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, expresa al supremo gobierno y a la opinión publica de nuestro país, nuestra mas profunda extrañeza y preocupación por la publicación del decreto supremo Nº 005-2007-PRODUCE de fecha 03.03.2007, mediante el cual modifican el reglamento de ordenamiento pesquero de jurel y caballa.

Es inconcebible e incongruente que se fije (como máximo) en 20% al descarte del volumen total desembarcado, para ser destinado a la producción de harina de pescado, es decir la predica del gobierno se contradice con la practica, resultando por demás extraño que se este propiciando el consumo de anchoveta por parte de la población y por otro lado las especies de consumo humano sean destinadas para la fabricación de harina de pescado.

Desde ya consideramos que esto es un atentado contra la propia política alimentaria del gobierno, y que los gestores del decreto supremo en cuestión han sorprendido descaradamente a sus firmantes, que lo menos que merecen es ser removidos de sus cargos.

Al carecer dicho decreto supremo de todo tipo de sustento, solicitamos muy respetuosamente su inmediata derogatoria.

La Junta Directiva

Lima, 06 de marzo de 2007